La Generalitat de Catalunya ha aprobado un Decreto ley pionero que regula por primera vez las comunidades energéticas y las instalaciones de almacenamiento mediante baterías, con el objetivo de acelerar la transición energética y fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico.
La norma declara los proyectos de generación renovable, sus líneas de conexión y las instalaciones de almacenamiento como de interés público superior, lo que permitirá agilizar los trámites administrativos y reducir los obstáculos jurídicos.
Simplificación administrativa y más impulso al autoconsumo local
Entre las principales medidas, el Decreto elimina la necesidad de autorización administrativa para instalaciones de entre 100 y 500 kW, lo que agiliza la tramitación de proyectos renovables en cubiertas y terrenos de pymes y ayuntamientos.
También facilita la legalización del autoconsumo colectivo y permite declarar de utilidad pública las líneas eléctricas que conecten instalaciones con puntos de consumo cercanos, fomentando así la generación distribuida y la energía de proximidad.
Asimismo, se autoriza la instalación de pérgolas solares de hasta cuatro metros de altura en espacios urbanos —como aparcamientos, plazas o campus universitarios— y se simplifica la tramitación del autoconsumo eólico, eliminando la licencia de obras y clarificando los requisitos técnicos.
Además, se establece una vía rápida para proyectos renovables situados en espacios degradados o artificializados, como vertederos, canales o puertos, para aprovechar zonas ya transformadas y cercanas al consumo.
Las comunidades energéticas, declaradas de interés público
El Decreto declara las comunidades energéticas de interés público y crea un registro oficial dependiente del departamento competente en materia de energía.
La norma facilita la cesión de cubiertas municipales y la participación directa de los ayuntamientos, además de permitir que las comunidades energéticas puedan participar en grandes proyectos renovables en suelo, incluso con venta a red.
Al menos el 20 % de la potencia instalada en estos proyectos deberá destinarse a inversión local, abierta a comunidades energéticas y otros actores del territorio.
Asimismo, el texto reconoce la competencia municipal en materia de transición energética, reforzando el papel de los consistorios como motores del cambio y fomentando la confianza ciudadana en las energías renovables.
Nuevo marco para el almacenamiento energético con baterías
Por primera vez, se regula la instalación de baterías independientes (“stand-alone”) y las asociadas a parques fotovoltaicos o eólicos, estableciendo criterios específicos para aquellas de más de 500 kW.
El Decreto define también el régimen urbanístico del almacenamiento, equiparándolo a los usos industriales o logísticos, lo que simplifica su implantación en suelo urbano e integra la tramitación en una sola fase.
Asimismo, se permite incorporar baterías híbridas en sistemas de autoconsumo como modificaciones menores, reduciendo tiempos y cargas administrativas.
Actualmente, en Cataluña se tramitan 94 proyectos de almacenamiento con baterías: 87 independientes (920 MW) y 7 híbridos con instalaciones renovables (22 MW).
Inergy: soluciones digitales para una transición energética más participativa
La nueva regulación catalana refuerza las bases para que las comunidades energéticas se consoliden como una realidad operativa, con herramientas, servicios y respaldo normativo.
Este nuevo marco también subraya la necesidad de contar con plataformas digitales de gestión energética que integren generación renovable, almacenamiento y comunidades locales.
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